El tributarista César Litvin habló sobre el rumbo impositivo del gobierno nacional, el régimen penal cambiario, la presión fiscal de municipios y provincias, y la necesidad de distinguir entre evasión y lavado. También analizó la polémica por el modelo económico de Tierra del Fuego y cómo impactan las desregulaciones recientes en la economía formal.
Flexibilización cambiaria y dinero en el colchón
En el tercer bloque de San Nicolás Debate, el doctor César Litvin analizó la evolución del cepo y la posibilidad de regularizar dinero no declarado. “Estamos esperando un anuncio muy importante para la gente que tiene dinero en el colchón y no se anima a usarlo por distintos motivos”, explicó el especialista.
Según detalló, la futura norma buscaría facilitar el uso de dólares adquiridos en el mercado paralelo por trabajadores formales o empresas que “para proteger su patrimonio frente a la inflación y el cepo” compraron divisas fuera del circuito oficial. “Creo que se viene una flexibilización en cuanto a la información a suministrar al organismo fiscal”, anticipó.
En ese marco, Litvin fue claro al marcar una diferencia: “Hay que trazar una frontera entre dinero negro y dinero sucio. El dinero negro proviene de actividades lícitas que no pagaron impuestos; el dinero sucio proviene de un delito previo, y ahí ya interviene la UIF”. Según sostuvo, el régimen penal cambiario perdería sentido para estos casos, pero no se anularán las facultades de investigación por lavado.
Blanqueo, consumo y rentabilidad
Consultado sobre si estas medidas podrían dinamizar el mercado, Litvin respondió afirmativamente: “Ese dinero tampoco le rinde al que lo guarda. Hay inflación global. El que guardó dólares cinco años hoy no compra lo mismo. El blanqueo puede ser una salida para darle masa muscular a la economía”.
Se refirió también al blanqueo anunciado con tope de 100 mil dólares, que permitiría reinsertar dinero en el sistema sin sanciones, incentivando el consumo y la inversión en bienes.
¿Bajaron los impuestos?
Respecto al discurso del presidente Javier Milei sobre una supuesta baja impositiva, Litvin lo ratificó: “Sí, efectivamente se han eliminado impuestos. El ITI —que gravaba con 1,5% la venta de inmuebles para no habitualistas— fue eliminado. También se amplió el tope de facturación para monotributistas, y se redujeron retenciones y aranceles para productos tecnológicos”.
Además, resaltó que “algunos productos como celulares, televisores y aires acondicionados van a bajar hasta un 30% gracias a la reducción de aranceles e impuestos internos”, lo que a su vez apunta a “frenar el contrabando y mejorar la competitividad”.
Tierra del Fuego, un modelo en disputa
Sobre la polémica que generó la baja de aranceles para productos que se fabrican en Tierra del Fuego, Litvin pidió un debate con evidencia. “Es un tema polémico. Yo visité las fábricas y vi operarios trabajando. No son sólo armaderos”, afirmó.
El régimen fue creado en 1972 como zona aduanera especial para poblar un territorio estratégico. “La ley fue prorrogada hasta 2038, pero ahora se achica la brecha con los importadores. El costo fiscal perjudica a quienes están allá”, explicó. A su entender, “el debate debe hacerse con datos concretos”, ya que hoy existe una gran disparidad logística y de salarios que impacta en los costos.
El costo argentino y la presión impositiva
Litvin también se refirió al llamado “costo argentino” y cómo impacta en la competitividad: “Está compuesto por la carga tributaria, los costos laborales, la infraestructura deficiente y las contingencias salariales. Todo esto afecta el precio final del producto argentino”.
En ese marco, fue crítico con provincias y municipios: “El Estado nacional está haciendo un esfuerzo por bajar impuestos. No veo el mismo esfuerzo de provincias y municipios, donde incluso han aparecido nuevas tasas. En el conurbano, por ejemplo, dos instituciones financieras se fueron de La Matanza por la presión fiscal”.
Además, señaló que el fenómeno de la competencia fiscal entre distritos ya empezó: “Hoy los emprendedores analizan en qué municipio les conviene radicarse. Incluso los consumidores eligen estaciones de servicio según la tasa vial”.
La tasa de seguridad e higiene, bajo la lupa
Por último, Litvin se refirió a una de las principales críticas que reciben los municipios por parte del sector privado: “La tasa de seguridad e higiene, o derecho de registro e inspección, es un verdadero impuesto disfrazado. No debería calcularse sobre ventas, sino sobre el costo prestacional del servicio recibido”.
Advirtió que esta superposición de tributos genera una triple imposición: “Se paga IVA, ingresos brutos y la tasa municipal. Todo sobre el mismo producto, y todo lo paga el consumidor”.
