El tributarista y socio de Lisicki Litvin & Asociados explicó en San Nicolás Debate el alcance del RIGI, el nuevo RIMI para pymes, la presión tributaria provincial que nadie quiere tocar y por qué la declaración jurada simplificada todavía no logra que los dólares del colchón salgan a la economía.
En una nueva entrega de la temporada 32 de San Nicolás Debate, producido por la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y conducido por Baltasar Schubert, el contador público Fernando López Chiesa —socio del área de impuestos de la prestigiosa firma Lisicki Litvin & Asociados y uno de los tributaristas más reconocidos del país— ofreció una clase práctica sobre el estado actual del sistema impositivo argentino. Desde los grandes regímenes de promoción de inversiones hasta el monotributo, pasando por la presión fiscal sobre las pymes, la informalidad y los impuestos distorsivos que nadie se anima a eliminar, López Chiesa construyó un diagnóstico preciso y accesible sobre un tema que suele ser árido pero que atraviesa la vida cotidiana de cada comerciante, empresario y trabajador del país.
La lógica del RIGI: beneficios por sector, no para todos
El punto de partida fue una distinción que López Chiesa consideró fundamental para entender la política tributaria del gobierno actual: a diferencia de reformas anteriores que modificaban impuestos de manera transversal, el enfoque de esta gestión es sectorial. El RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— está diseñado para atraer proyectos de envergadura en minería, energía y sectores estratégicos, con umbrales de inversión que arrancan en los 200 millones de dólares. «Son números que se nos van de la cabeza, pero el gobierno busca que esas inversiones le den estabilidad y tracción a sectores que generan divisas», explicó.
A eso se suma el llamado «super RIGI», un proyecto de ley en elaboración al momento de la entrevista que apunta a la industrialización de recursos naturales a mayor escala: cadena de valor del litio, baterías, GNL, autos eléctricos, petroquímica, pesca y fertilizantes. Quienes inviertan entre 15 y 20 millones de dólares en estos sectores accederían a estabilidad fiscal, beneficios cambiarios y aduaneros y, el incentivo más significativo, una reducción del impuesto a las ganancias del 35% actual al 15%. «Son cambios importantes para quienes vienen a invertir en serio desde el exterior o desde empresas locales de gran escala», señaló.
El RIMI: algo para las pymes, con condiciones
La segunda buena noticia que trajo López Chiesa fue la reglamentación del RIMI, un régimen orientado a las pymes que funciona como una tercera categoría dentro del ecosistema de incentivos. A diferencia del RIGI, el RIMI es accesible para empresas medianas y pequeñas, con umbrales de inversión que arrancan en los 150.000 dólares. El beneficio central es la posibilidad de descontar esa inversión en bienes de uso en apenas dos años: 50% el primer año, 50% el segundo. «Fomenta la inversión en bienes muebles y también actividades agropecuarias específicas, como mallas metálicas y sistemas de protección antigranizo», detalló.
La condición, aclaró López Chiesa, es que la empresa tenga la solidez suficiente para invertir en este contexto. Una pyme que está atravesando dificultades financieras y de ventas difícilmente pueda aprovechar el beneficio, porque este requiere capital disponible para invertir en tecnología o bienes durables. «Tiene que ser una pyme que, ante la situación macroeconómica, pueda seguir teniendo actividad y con los recursos que genera hacer esa inversión», explicó.
La reforma tributaria integral: no está en agenda
Cuando Schubert preguntó si el gobierno avanzará en una reforma tributaria integral, López Chiesa fue directo: en el corto plazo, no. Lo que existe son ajustes puntuales y regímenes sectoriales, pero el gran rediseño del sistema tributario —incluyendo la eliminación de los impuestos más distorsivos— no está en la agenda inmediata. «La empresa pyme lo que apunta son a eliminar ingresos brutos, tasas municipales, impuesto al cheque. Pero eso hoy no está en agenda», señaló.
Reconoció que el gobierno nacional hizo un esfuerzo genuino en algunos frentes: eliminó el impuesto PAIS, redujo bienes personales y suprimió alrededor de 14 impuestos en total durante su gestión. Pero el problema más agudo para las empresas —los impuestos provinciales y municipales— está fuera del alcance de las decisiones nacionales y esas jurisdicciones no muestran señales de alivio. En muchas provincias, de hecho, la presión tributaria aumentó.
Ingresos brutos: el impuesto que más duele y nadie toca
El tributarista fue especialmente crítico con el impuesto sobre los ingresos brutos, al que ubicó en el podio de los impuestos más distorsivos del sistema argentino. Se trata de un gravamen piramidal: cada vez que el bien pasa por una etapa de la cadena productiva, se aplica nuevamente, acumulando capas de costo que el consumidor final termina pagando. «Dependiendo del sector y de cuántos agentes hay en la cadena, el efecto puede triplicar el valor desde la materia prima hasta el producto final», ilustró. Las alícuotas van del 1 al 8% en ingresos brutos, lo que en cadenas largas genera un impacto enorme sobre los precios.
El problema político para eliminarlo es concreto: ingresos brutos representa entre el 75 y el 80% de la recaudación propia de las provincias, es decir, casi la totalidad de su caja más allá de la coparticipación. «Hay provincias ganadoras y provincias perdedoras. Las que generan más de lo que les ingresa por coparticipación usan ingresos brutos como su forma de financiarse», explicó. Pedirles que lo eliminen es pedirles que resignen su principal fuente de recursos propios, algo políticamente inviable sin un rediseño del sistema de coparticipación.
Alta presión fiscal, más evasión, menos competitividad
López Chiesa estableció con claridad la relación entre presión fiscal y evasión: siempre están vinculadas. Y añadió una tercera variable que complica aún más el cuadro: la calidad de los servicios que el Estado presta a cambio de los impuestos que recauda. Cuando esa calidad es baja, la disposición a cumplir cae. El resultado en la práctica es un aumento de la informalidad que tiene consecuencias directas sobre la competitividad: el comerciante informal que no paga impuestos puede vender más barato que el que cumple, generando una desventaja estructural para quien hace las cosas bien. «Yo que tengo empleados, presento los impuestos, trato de pagar y llegar a fin de mes, tengo otro precio de venta y estoy compitiendo con quien está en la informalidad. Eso afecta la competitividad», describió.
La inocencia fiscal y los dólares que no salen del colchón
Otro de los temas que abordó la entrevista fue el nuevo régimen de declaración jurada simplificada, orientado a captar los llamados «dólares del colchón» bajo un paradigma de inocencia fiscal —es decir, presumir que el contribuyente es honesto hasta que se demuestre lo contrario, invirtiendo la carga de la prueba—. La norma existe, pero en la práctica no está funcionando como se esperaba. Los contadores —incluido el propio López Chiesa, que participó de una reunión con el ministro Caputo al respecto— identificaron brechas entre lo que dice la norma y cómo opera la AFIP en el día a día. «En la administración federal todavía se está transitando este nuevo cambio de paradigma. En la práctica se ve poco», señaló con franqueza. Hay un compromiso de revisar algunos puntos, pero mientras tanto los dólares del colchón siguen sin salir masivamente.
Monotributo: actualización automática y recategorización en julio
Al cierre, López Chiesa explicó el estado actual del monotributo, el régimen simplificado para pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Los valores se actualizan automáticamente cada seis meses en función de la inflación, con una recategorización que operará aproximadamente el 20 de julio próximo, una vez publicado el dato de inflación de junio. Quienes estaban cerca de los límites superiores de su categoría podrán reacomodarse. «Hace cuatro o cinco años actualizar las escalas del monotributo era un suplicio y dependía de la discrecionalidad del poder ejecutivo de turno. Hoy hay un proceso más marcado y transparente», señaló, reconociendo un avance concreto en la previsibilidad del régimen.
